La Corte Constitucional aborda directamente la necesidad de adaptar las solemnidades del testamento cerrado a las realidades y necesidades de las Personas en Situación de Discapacidad. Se cuestionan las expresiones del Código Civil que exigen la declaración "de viva voz" o por escrito para las personas mudas, así como la exigencia de que notarios y testigos "vean, oigan y entiendan". El fallo concluye que estas restricciones sensoriales son barreras discriminatorias y que existen medios alternativos de expresión y comunicación que permiten alcanzar el propósito de la norma sin vulnerar los derechos de las Personas en Situación de Discapacidad. La decisión busca garantizar que las Personas en Situación de Discapacidad puedan otorgar testamentos cerrados y participar como testigos o notarios, utilizando los ajustes razonables necesarios.
 

La Corte Constitucional reconoce que las personas no experimentan la discriminación de forma aislada, sino que múltiples identidades y condiciones de vulnerabilidad se entrecruzan, creando formas únicas y a menudo más severas de opresión. En el caso de Carolina, la Corte no solo la consideró una persona con discapacidad múltiple, sino que analizó cómo esta condición se combinaba con otros factores para intensificar su vulnerabilidad: Ser mujer y mujer con discapacidad; Víctima de violencia sexual; Diagnóstico de VIH; Abandono social absoluto; y Pertenencia a una comunidad indígena.