El Consejo de Estado señala que el daño moral se puede reconocer si se prueba que el hecho dañoso generó una "afectación a la esfera interna del individuo". La condición de ser un sujeto de especial protección constitucional no es un criterio determinante para su reconocimiento, ya que la afectación debe ser probada en cada caso.
 

La Corte reafirma la necesidad de reparar el daño moral, aunque sea inmaterial, y establece un nuevo parámetro de cuantificación anclado al salario mínimo para asegurar la efectividad y predictibilidad de las indemnizaciones, sin menoscabar el arbitrio judicial en la evaluación de cada caso concreto. El ordenamiento jurídico permite el reconocimiento de una cantidad de dinero a través del "arbitrium judicis" (prudente o libre juicio del juez). La finalidad de esta reparación no es obtener una compensación económica exacta, sino mitigar, paliar o atenuar las secuelas y padecimientos que afectan a la víctima.