La Corte subraya la obligación del Estado de asegurar condiciones decentes de trabajo y la plena vigencia del principio de igualdad para grupo de trabajadores domesticos. Se reitera que no pueden existir tratos diferenciados por el lugar de la labor o el tipo de actividad. Se resalta que el trabajo doméstico, mayoritariamente realizado por mujeres (98% del total, según datos de la Gran Encuesta Integrada de los Hogares de 2017 del DANE), a menudo de escasos recursos y con baja instrucción académica (el 4.5% nunca asistió a la escuela, el 38% tiene educación básica primaria), se caracteriza por la informalidad (88.6% de contratos verbales), bajos salarios (61% devenga menos del salario mínimo) y limitada protección social (solo el 39% cotiza a salud y el 18% a pensiones).
 

Orienta los lineamientos técnicos que los inspectores del trabajo y la seguridad social deberán aplicar para realizar las labores de inspección vigilancia y control - IVC del sector de trabajo doméstico remunerado, en desarrollo de los mandatos constitucionales que reconocen el trabajo como un derecho social que goza de especial protección del Estado.
 

Adiciona el capítulo 10 al Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 y reglamenta el sector del trabajo doméstico remunerado en desarrollo del artículo 33 de la Ley 2466 de 2025 y de los instrumentos internacionales ratificados por Colombia. Para tal efecto, establece disposiciones sobre derechos laborales mínimos, seguridad social integral, prevención de violencias y acoso, libertad sindical y diálogo social tripartito e inspección, con el fin de garantizar el trabajo decente, la igualdad material y la dignidad de las personas trabajadoras del servicio doméstico.