El Consejo de Estado ordena medidas de reparación integral no pecuniarias, argumentando que el caso evidencia un patrón de "invisibilidad" y "discriminación por motivo de género" en la atención médico-asistencial a la mujer, evidenciada en un patrón reiterado de deficiencias en la atención gineco-obstétrica. Estas medidas incluyen: 1. Ofrecer excusas a los demandantes en una ceremonia privada. 2. Establecer un enlace en la página web del hospital con el contenido de la sentencia. 3. Implementar políticas hospitalarias para garantizar atención médica especializada y oportuna a mujeres embarazadas y recién nacidos. 4. Enviar copia de la sentencia a la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer y a la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial para promover políticas que optimicen la atención en gineco-obstetricia y minimicen la mortalidad perinatal.
 

La Corte Constitucional destaca cómo la falta de concordancia entre el nombre registrado y la identidad de género puede generar situaciones de burla, hostigamiento y discriminación en diversos ámbitos (familiar, laboral, social). La flexibilidad en el cambio de nombre se convierte así en una medida de protección contra estas prácticas y un medio para asegurar la igualdad material de las personas trans y no conformes con el género asignado al nacer. La Corte deja claro que la identidad de género es una "vivencia interna e individual" que puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer. Este reconocimiento de la autonomía en la definición de la propia identidad de género es el pilar que sostiene la necesidad de que los documentos de identificación reflejen esa realidad, evitando la imposición de clasificaciones binarias rígidas y obsoletas que no corresponden a la diversidad humana.
 

La Corte analizó el perfil de la procesada aplicando de forma obligatoria un enfoque de género e interseccional, constatando que en ella confluían de manera simultánea múltiples matrices de vulnerabilidad y discriminación: ser mujer, indígena, con baja escolaridad, en situación de pobreza, víctima de violencia intrafamiliar y madre cabeza de hogar con dos hijos menores a su cargo tras el abandono de su expareja. La Corte evidenció que esta acumulación de desventajas estructurales la llevó a incurrir en un delito no violento de menor escala como mecanismo de subsistencia para garantizar la manutención de su familia.
 

La Corte considera indispensable pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, puesto que ello contribuye a la pedagogía constitucional sobre el contenido y alcance de los derechos involucrados. Esto, fundamentalmente, porque el caso plantea una posible discriminación por razones de género a la hora de a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, con un posible desconocimiento del debido proceso administrativo. Asunto este de indudable relevancia constitucional que exige precisar los estándares de protección aplicables y reafirmar el deber de las autoridades de garantizar las condiciones materiales de igualdad, tal y como lo impone la Constitución Política de Colombia. En ese sentido, pasa la Sala a pronunciarse sobre el fondo del asunto en estos términos.
 

La Corte concluye que amparó en su dimensión objetiva los derechos al cuidado, a la igualdad, a la no discriminación y a la seguridad social de una mujer trabajadora no gestante y de su hijo recién nacido, en el seno de una familia homoparental que acudió a una técnica de reproducción humana asistida (ROPA) y planeó un esquema de lactancia compartida. La Corte concluyó que la EPS violó sus derechos al otorgarle una respuesta automatizada y asignarle la licencia de paternidad de 14 días bajo estereotipos de género, ignorando las condiciones particulares de vulnerabilidad del hogar (bebé prematuro, necesidad de porteo canguro y la incapacidad de la madre gestante por preeclampsia). Aunque la Corte declaró la carencia actual de objeto por daño consumado en lo económico al haberse disfrutado ya los tiempos, ordenó al empleador mantener todas las garantías laborales de la trabajadora como madre lactante hasta los dos años del menor, precisó que la pareja pudo acceder de forma simultánea e inmediata a la licencia parental compartida por razones de salud, y exhortó al Congreso de la República a diseñar un régimen de licencias parentales con enfoque de corresponsabilidad que reconozca la pluralidad de modelos familiares y no desatienda la lactancia ni los arreglos de cuidado no tradicionales.