El Consejo de Estado unifica la jurisprudencia para establecer que los docentes oficiales son considerados servidores públicos. Esto significa que se les aplican las mismas leyes que regulan la sanción moratoria (multa por pago tardío) de las cesantías parciales o definitivas que corresponden a otros servidores públicos. Específicamente, se les aplican las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, lo que revoca interpretaciones previas que los excluían debido a su régimen especial.