El Consejo de Estado aborda la temporalidad de la aplicación de la LAPAG. Determina que no es posible examinar la vulneración de ciertos derechos o intereses colectivos, como el relativo a que los desarrollos urbanos se hagan de manera ordenada y respetando las normas urbanísticas, si los hechos que originaron la presunta vulneración ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 472 de 1998 (6 de agosto de 1999) y si dicho derecho colectivo no estaba expresamente consagrado en ese momento como tal, ni la acción popular prevista como instrumento para protegerlo.