El Consejo de Estado subraya el deber del juez de interpretar las demandas a partir de los hechos y pretensiones formuladas, buscando la efectividad del acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (artículos 29, 228 y 229 de la Constitución). Esta interpretación debe conducir a dar el trámite procesal congruente con la demanda, más allá del mecanismo invocado inicialmente por el accionante.
 

El Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había negado las pretensiones de la demanda. La Sala constató que el acto demandado modificó la Liquidación Oficial solo para excluir los aportes y la sanción por omisión de enero y febrero de 2014 (basándose en pruebas aportadas por la actora), pero reiteró el sustento del acto definitivo y confirmó la obligación y la multa para los períodos de marzo a diciembre de 2014. La Sala determinó que el acto demandado no es susceptible de control judicial porque el estudio de legalidad de los períodos confirmados llevaría a analizar la Liquidación Oficial original, respecto de la cual no se agotó la vía administrativa. Permitir este estudio violaría la prohibición del artículo 96 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) de revivir términos de caducidad. Se declaró, de oficio, la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.