La sentencia explícitamente cambia la postura jurisprudencial del Consejo de Estado sobre cómo se debe probar la propiedad de un inmueble en los procesos contencioso administrativos. 1. Postura anterior (y de la Corte Suprema): Se exigía la presentación de la escritura pública (título) y la constancia de su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (modo). Si faltaba cualquiera de estos documentos, no se consideraba acreditada la propiedad y, por ende, la legitimación en la causa por activa del demandante. Se argumentaba que la escritura pública era un requisito ad substantiam actus (solemnidad para la existencia o validez del acto) que no podía suplirse con otra prueba. 2. Nueva postura (unificada por esta sentencia): El certificado de tradición y libertad expedido por el Registrador de Instrumentos Públicos es prueba suficiente y plena para acreditar el derecho de dominio y la legitimación en la causa por activa en los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
 

Adiciona un Capítulo al Decreto Nacional 1077 de 2015, donde establece reglas claras y objetivas para la estructuración y celebración de los contratos que constituyan el Derecho Real Accesorio de Superficie, desarrolla criterios técnicos, urbanísticos, legales y financieros mínimos para la selección, así como reglamenta los efectos del contrato y su inscripción registral como derecho real accesorio, su terminación y reversión de las construcciones y edificaciones, asegurando en todo caso la destinación pública del bien.