El Consejo de Estado aclara que el hecho de que un daño se produzca en el ámbito de una relación laboral no impide que el perjudicado demande la reparación integral a la administración a través de la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, se precisa que no procede la acumulación de indemnizaciones por el mismo hecho u omisión cuando la entidad pública demandada es la misma que trasladó el riesgo profesional en el marco de la seguridad social.