La sentencia examina la distinción entre información estratégica militar de inteligencia (que debe ser reservada) e información netamente estadística o histórica. La Corte determina que la petición sobre el número global, histórico y anonimizado de personas vinculadas a grupos ilegales constituye un dato estadístico general. Suministrar cifras consolidadas no implica revelar nombres de agentes, fuentes humanas, métodos técnicos ni operaciones en curso, por lo que no vulnera la seguridad del Estado.