La Corte examinó la naturaleza jurídica del delito de asesoramiento a Grupos Delictivos Organizados (GDO) y Grupos Armados Organizados (GAO), introducido por la Ley 1908 de 2018. Finalidad de la norma: Se validó que la persecución penal de terceros que prestan conocimientos (jurídicos, contables, técnicos o científicos) para favorecer los fines ilícitos de estas bandas busca fortalecer la paz, la seguridad pública y cumplir compromisos internacionales como la Convención de Palermo.