Considerando que el país eligió nuevos mandatarios territoriales para el periodo 2016-2019, se hace necesario emitir las directrices en materia laboral y de empleo público, empalme y reestructuraciones por parte de los gobernadores y alcaldes distritales y municipales, salientes y que tomarán posesión a partir del 1° de enero de 2016.
 

Se determinan las funciones y requisitos para los empleos públicos de los distritos niveles jerárquicos de los organismos de las entidades del orden nacional, particularmente a los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Entes Universitarios Autónomos, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de dichas empresas, del Orden Nacional. Igualmente, establece el contenido de los manuales específicos de funciones y de competencias laborales. (Título 2).
 

En cumplimiento del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, punto 2.2.4, el Gobierno Nacional dicta normas en materia de empleo público, con el fin de facilitar y asegurar la construcción de una Paz Estable y Duradera, para lo cual pone en marcha mecanismos y acciones de capacitación para funcionarios(as) públicos; medidas de lucha contra la corrupción; enfoque territorial con participación de las comunidades y con prelación de los municipios priorizados.
 

Adopta el Manual Operativo del Programa Estado Joven: prácticas laborales en el sector público, que entrará en vigencia el primer semestre del año 2022.
 

Imparte lineamientos del Plan de Formalización del empleo público en equidad - vigencia 2023 con el propósito de avanzar en la dignificación del empleo público a través de la vinculación del personal necesario para el cumplimiento efectivo y eficiente de la administración pública tanto en el orden nacional como territorial, y con miras a darle cumplimiento al programa de gobierno.
 

Adopta una reforma laboral mediante la modificación del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 50 de 1990, Ley 789 de 2002 y otras normas laborales, además se dictan disposiciones para el trabajo digno y decente en Colombia, buscando el respeto a la remuneración justa, bienestar integral, la promoción del diálogo social, las garantías para el acceso a la seguridad social y sostenibilidad de los empleos desde el respeto pleno a los derechos de los trabajadores así como el favorecimiento a la creación de empleo formal en Colombia.