Los órganos, organismos y entidades orden nacional y territorial deberán reportar anualmente el cumplimiento de este porcentaje al Departamento Administrativo de la Función Pública a través del Formulario Único de Reporte Avance de la Gestión FURAG en su versión II, o el mecanismo que haga sus veces.
 

La Corte Constitucional en el fallo desarrolla un análisis profundo sobre la separación de poderes y recuerda que esta implica un respeto mutuo entre órganos del Estado. En ese sentido, se establece que ninguna autoridad judicial puede asumir funciones propias de otros órganos, ni siquiera con el argumento de ejercer control de legalidad. El principio de autonomía judicial impone límites al alcance de las decisiones judiciales, especialmente cuando estas afectan decisiones adoptadas por órganos de gobierno de la rama judicial. Además, La Corte resalta que la elección de magistrados por parte del Consejo Superior de la Judicatura es una función autónoma atribuida directamente por la Constitución. Por ende, no puede ser desvirtuada por órganos que no tienen esa competencia. Permitir que el Consejo de Estado revise y anule esos actos equivale a una intromisión en la estructura de gobierno de la rama judicial, lo cual compromete gravemente su independencia y la vigencia del Estado de Derecho.
 

Establece la obligación a toda persona natural o jurídica de naturaleza pública de contar con una política de desconexión laboral de reglamentación interna, en la cual se deberá definir: la forma cómo se garantizará y ejercerá tal derecho, un procedimiento que determine los mecanismos y medios para que los trabajadores o servidores públicos puedan presentar quejas frente a la vulneración del derecho y un procedimiento interno para el trámite de las quejas que garantice el debido proceso e incluya mecanismos de solución del conflicto y verificación del cumplimiento de los acuerdos alcanzados y de la cesación de la conducta.