Aclara que si es legalmente posible la desescolarización en el manual de convivencia y en el Sistema de Evaluación de estudiantes en un establecimiento educativo, en virtud de la autonomía escolar para adoptar sus reglamentos internos de que gozan los establecimientos educativos.
 

Una de las expresiones paradigmáticas de la autonomía universitaria la constituye la facultad de las instituciones de educación superior para darse sus propios reglamentos y, dentro de estos, establecer las condiciones de ingreso y permanencia, al igual que el régimen disciplinario al que están sometidos los integrantes de la comunidad universitaria. A este respecto, la Corte ha señalado que: los criterios para selección de los estudiantes pertenecen a la órbita de la autonomía universitaria, siempre y cuando aquellos sean razonables, proporcionales y no vulneren derechos fundamentales y en especial el derecho a la igualdad. Por ende, la admisión debe corresponder a criterios objetivos de mérito académico individual. De igual manera, ha precisado que los criterios para determinar las calificaciones mínimas deben regularse por reglamento, esto es corresponden a la autonomía universitaria.
 

Da orientaciones para el manejo de la emergencia por covid-19 por parte de los establecimientos educativos privados, para salvaguardar la salud y la vida de los niños y niñas, familias, maestros, directivos y equipo técnico que conforman el sector, desde el ámbito oficial como el privado.
 

Da orientaciones para el manejo de la emergencia por covid-19 por parte de los establecimientos educativos no oficiales, para salvaguardar la salud y la vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
 

El carácter prevalente del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en el marco de la Constitución Política y, por consiguiente, que su proceso educativo debe girar alrededor de la efectividad de tal derecho. Ahora bien, la intensidad de la vulneración al derecho a la educación de un estudiante se aumenta cuando la institución educativa afecta u obstaculiza de manera irrazonable y desproporcionada su proceso educativo con el propósito de asegurar un pago que no está autorizada legal o reglamentariamente a cobrar o recaudar. Este es el caso de los pagos en dinero o en especie dirigidos a la asociación de padres de familia del establecimiento educativo.