La Corte Constitucional ratifica que la negociación colectiva no es un derecho pleno para los sindicatos de empleados públicos (artículos 467 del C.S.T. y 25 del Decreto 2351 de 1965). Si bien se reconoce su derecho a buscar soluciones concertadas, la decisión final corresponde a las autoridades competentes (Congreso, Presidente, asambleas, concejos, gobernadores y alcaldes). Se diferencia entre trabajadores oficiales, que tienen un derecho de negociación pleno, y empleados públicos, cuya relación es de carácter legal y reglamentario. La Corte considera esta restricción legítima y acorde con la Constitución, aunque advierte que el legislador podría en el futuro permitirles presentar pliegos de condiciones.
 

Imparte lineamientos para las entidades y los organismos del Distrito Capital para el proceso de negociación con las organizaciones sindicales en Ia vigencia 2020 y convoca a una sesión de capacitación a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública para el día 20 de febrero de 2020 en el Auditorio del Archivo de Bogotá.
 

Establece el deber del Estado en garantizar la continuidad de los derechos individuales o colectivos acordados en Acuerdo Colectivo u reconocidos mediante acto administrativo y reglamenta el principio de progresividad y no regresividad en materia laboral, así como el alcance del periodo de vigencia de los Acuerdos Colectivos, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Nacional Estatal de 2019.
 

Emite lineamientos sobre la conformación del pliego único de solicitudes y la integración de la comisión negociadora sindical bajo el principio de proporcionalidad en la negociación colectiva de empleados públicos cuando las organizaciones sindicales no lleguen a un pleno acuerdo.