A nivel de la legislación nacional, la perspectiva de género en materia penitenciaria y carcelaria fue incorporada a partir de la Ley 1709 de 2014. Su artículo 18, modificatorio del artículo 26 la Ley 65 de 1993, establece que las penitenciarías para mujeres deberán contar con una infraestructura que garantice a las mujeres gestantes, sindicadas o condenadas, un adecuado desarrollo del embarazo. Igualmente, deberán contar con un ambiente propicio para madres lactantes, que propenda al correcto desarrollo psicosocial de los niños y niñas menores de tres (3) años que conviven con sus madres. El artículo 88 de la misma norma, a su vez, autoriza la permanencia de niños y niñas en establecimientos de reclusión, con sus madres, bajo la vigilancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Igualmente, a voces del inciso 3° ibídem, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios debe destinar, dentro de los establecimientos de reclusión, secciones especiales para las madres con sus hijos, que garanticen una adecuada interacción entre estos; también, construir y dotar, en coordinación con el ICBF, los centros de atención para los niños y niñas cuando estos no se encuentren con sus madres.
 

La Corte Constitucional enfatiza la necesidad de adoptar medidas para proteger a las personas LGBTIQ+ dentro de los centros penitenciarios, especialmente a las personas transgénero, quienes son víctimas frecuentes de discriminación y violencia. Se ordena garantizar su derecho a la identidad de género mediante la ubicación en pabellones acordes con su identidad, el acceso a tratamientos hormonales cuando lo requieran y la implementación de protocolos de seguridad específicos para prevenir agresiones. La sentencia destaca que el enfoque diferencial es un elemento clave para garantizar la vida digna de estos internos.