La Corte Constitucional ha señalado que los decretos legislativos expedidos en virtud de la declaratoria de los estados de excepción deben cumplir unas exigencias formales que emanan de la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, requisitos que esencialmente se reducen a: (i) la firma por el Presidente de la República y todos sus ministros, (ii) la expedición dentro del límite temporal de los treinta (30) días previsto en el decreto declaratorio del estado de emergencia y (iii) la indicación de los motivos que condujeron al Gobierno a la expedición del decreto.
 

La Corte Constitucional desarrolló el control automático, integral y definitivo de la constitucionalidad del Decreto Legislativo 551 de 2020 Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Destacó que frente a la mayor parte de sus normas existe un precedente contenido en la sentencia C-159 de 2020, que debía ser atendido en el presente caso.
 

Declara Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira, tanto en el área urbana como en la rural, por el término de 30 días, contados a partir de la vigencia de este decreto, con el fin de conjurar la crisis humanitaria y el Estado de Cosas Inconstitucional que se vive en el departamento de La Guajira y que se ha visto agravado de forma inusitada e irresistible, como una grave amenaza que configura una catástrofe social y ambiental, dicha anormalidad imprevisible, por los niveles alcanzados recientemente y que se espera se agudicen aún más.
 

La Corte Constitucional, en ejercicio de su función de control automático de constitucionalidad, revisó si el Decreto 1275 de 2023 cumplía con los requisitos formales y materiales establecidos en el artículo 215 de la Constitución y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción (LEEE). El control ejercido por la Corte, busca un equilibrio entre la necesidad de adoptar medidas urgentes para atender una crisis y la salvaguarda de los principios constitucionales y la estabilidad jurídica.
 

La Corte concluyó que el decreto no cumplió con los requisitos exigidos por la Constitución, la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción y la jurisprudencia constitucional para declarar un estado de excepción. En esta oportunidad, la Sala Plena consideró que ante el incumplimiento del presupuesto fáctico no era pertinente continuar con el análisis de los presupuestos valorativo y de suficiencia.
 

La Corte aclara que el análisis que dio lugar a la decisión de no producción de efectos del DL1474 contenida en el Auto 084 de 2026, no constituyó un examen sobre la validez del decreto legislativo objeto de revisión. Por tal razón, en esta sentencia se advierte que el Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025 resulta inconstitucional por consecuencia. Una de las razones se encuentra en que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad pura y simple y con efectos ex nunc del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, por medio del cual se declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional. Lo anterior, por considerar que la norma objeto de control no superó el presupuesto fáctico conforme la jurisprudencia constitucional.