Incluye en el Programa protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo, a los ex servidores públicos que hayan sido miembros del Consejo Nacional de Seguridad y a los que hayan tenido bajo su responsabilidad la firma de la extradición, como mecanismo de cooperación judicial internacional, así mismo, los líderes religiosos, debidamente certificados por la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior.