Determina que los Estados Partes en el tratado serán responsables internacionalmente de las actividades nacionales que realicen en el espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes.
 

Asigna la obligación al Gobierno Nacional, específicamente al Ministerio de Defensa Nacional, de regular todas las actividades espaciales controladas, de conformidad con la normatividad que para el efecto se expida, así como, los tratados internacionales ratificados por Colombia.