Concluye que las Empresas Sociales del Estado carecen de las prerrogativas de cobro coactivo respecto de las facturas cambiarias derivadas de la contratación de servicios de salud puesto que, como se explicó previamente, tales entidades se encuentran en competencia con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud mixtas y privadas, por lo que operan en las condiciones de igualdad que gobiernan el mercado, como los demás actores que interactúan en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
 

Asigna obligaciones a las Empresas Sociales del Estado, beneficiadas por el proyecto de inversión "Implementación de Acciones de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad Nacional", entre las cuales se encuentra: Velar por la adecuada ejecución de los recursos, garantizando el desarrollo de las actividades inmersas en las líneas de trabajo propuestas en los lineamientos y seleccionadas por los territorios; Confirmar la transferencia de los recursos a la cuenta reportada; Garantizar la ejecución técnica y financiera del proyecto aprobado por la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, entre otras.