La Corte Constitucional sostiene que el principio de gratuidad de la educación primaria, previsto como un imperativo para el Estado en los instrumentos internacionales mencionados, forma parte del contenido esencial de los derechos prevalentes de los niños y niñas, en particular del derecho fundamental a la educación que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger (&) para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio de sus derechos.