Imparte instrucciones sobre la implementación de medidas de enfoque intercultural y diferencial en la garantía del derecho a la salud de los habitantes del departamento de la guajira.
 

Crea una transferencia no condicionada para atender a las familias con niños y niñas en primera infancia y/o madres gestantes, que se encuentren en estado de desnutrición o en riesgo inminente de estarlo en el departamento de La Guajira y se toman otras medidas que permiten la atención integral de esta población, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
 

Adopta específicamente para el sector de agricultura y desarrollo rural, medidas de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira, de conformidad con la declaratoria que en cumplimiento del artículo 215 de la Constitución Política de 1991, efectuó el Gobierno nacional mediante Decreto Legislativo número 1085 del 2 de julio de 2023
 

Adopta medidas en materia ambiental y desarrollo sostenible en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el Departamento de La Guajira, con el propósito de contribuir al aumento de la disponibilidad del agua con fines de consumo humano, doméstico y de subsistencia, y velar por el aprovechamiento y explotación sostenible de este recurso.
 

La Corte Constitucional parte de la premisa de que La Guajira enfrenta una situación de "crisis humanitaria y ambiental histórica y prolongada" que ha llevado a una "vulneración masiva, reiterada y sistemática" de los derechos fundamentales de sus habitantes, especialmente los niños y niñas del pueblo Wayúu. La Corte reconoce que, históricamente, los mecanismos y capacidades ordinarias del Estado no han sido suficientes para atender y solucionar la grave situación en La Guajira. Sin embargo, en el caso concreto del Decreto 1085 de 2023, la Corte encontró que el Gobierno no logró demostrar por qué las herramientas ordinarias actualmente disponibles resultaban insuficientes para enfrentar la "agudización" de la crisis que se presentó como justificación para el estado de excepción.
 

La Corte Constitucional abordó la grave situación en La Guajira, específicamente la crisis humanitaria relacionada con la desnutrición y la falta de acceso a agua potable, que afecta especialmente a niños y niñas. Frente al Estado de emergencia, la Corte analizó la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1270 de 2023, emitido bajo el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en La Guajira. Este decreto buscaba implementar medidas en el sector de la salud para mitigar la crisis; Reconoció la grave crisis humanitaria en La Guajira, destacando la desnutrición infantil y la falta de acceso a agua potable como problemas centrales. Por ello, declaró inexequible el Decreto Legislativo 1270 de 2023, argumentando que las medidas propuestas no guardaban una relación directa y proporcional con la emergencia declarada. Consideró que el decreto buscaba una reorganización estructural del sistema de salud que excedía los límites de las medidas de emergencia. La Corte enfatizó que cualquier medida adoptada bajo un estado de emergencia debe estar estrictamente destinada a abordar la crisis específica y evitar su extensión, cumpliendo con los criterios de "estricta necesidad y conexidad". En el caso del Decreto 1270, la Corte determinó que no cumplía con estos requisitos.
 

El Decreto 1268 de 2023, objeto de la Sentencia C-440 de 2023, buscaba adoptar medidas para la recuperación de las Salinas Marítimas de Manaure. Sin embargo, la Corte determinó que el objetivo de esta norma no tenía una relación directa o "conexidad estricta" con las razones que justificaron la emergencia en La Guajira (principalmente la escasez de agua).
 

La Corte Constitucional, analizó si las medidas adoptadas en el Decreto 1273 de 2023 eran adecuadas y necesarias para conjurar la crisis en La Guajira, particularmente en relación con la agricultura y el desarrollo rural, dadas las graves problemáticas que afronta esta región, como la desnutrición infantil y la falta de acceso a agua potable.
 

La Corte Constitucional subraya la grave situación en La Guajira, especialmente la escasez de agua y su impacto directo en otros derechos fundamentales. Se enfatiza la interrelación del derecho al agua con el derecho a la alimentación, la salud y la vida, particularmente de los niños, niñas y adolescentes.
 

La Corte Constitucional se pronuncia respecto al Decreto Legislativo 1272 del 31 de julio de 2023. Este decreto fue expedido en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira. Su objetivo principal era crear una transferencia no condicionada para atender a familias con niños y niñas en primera infancia y/o madres gestantes que se encontraran en estado de desnutrición o en riesgo inminente de estarlo en La Guajira, y tomar otras medidas para la atención integral de esta población. El decreto buscaba implementar un mecanismo de apoyo económico directo para las familias más vulnerables en La Guajira.