La Corte señala que las leyes que establezca contribuciones fiscales o parafiscales deben respetar los principios de legalidad y certeza del tributo; reiteración de jurisprudencia" se refiere a que cualquier ley que establezca una contribución fiscal o parafiscal debe cumplir con los principios de legalidad y certeza tributaria. Esto significa que los órganos colegiados de representación popular deben fijar directamente los elementos del tributo, con suficiente claridad y precisión, y que las expresiones utilizadas en la definición del tributo no deben ser ambiguas o confusas. Además, la falta de claridad solo puede ser motivo de declaratoria de inexequibilidad cuando no sea posible establecer el sentido y alcance de las disposiciones, de conformidad con las reglas generales de hermenéutica jurídica. En resumen, las leyes que establezcan contribuciones fiscales o parafiscales deben ser claras y precisas para evitar la inseguridad jurídica y la evasión fiscal.
 

Modifica nombres y artículos del Decreto único Reglamentario del Sector Educación.
 

Reglamenta el parágrafo 6° del artículo 240-1 del Estatuto Tributario y se modifica parcialmente el Decreto número 2147 de 2016.
 

La Corte Constitucional revisó una tutela interpuesta por la DIAN contra una sentencia del Consejo de Estado que anuló una liquidación oficial del impuesto de renta de Bavaria S.A., argumentando una vulneración del debido proceso por una supuesta incorrecta interpretación del artículo 564 del Estatuto Tributario, relativo a la dirección procesal para notificaciones. Los jueces de tutela de instancia consideraron improcedente la acción, al no encontrar relevancia constitucional en los argumentos de la DIAN. La Corte Constitucional, tras revisar el caso, determinó que la tutela cumplía con los requisitos generales de procedencia y que el asunto tenía relevancia constitucional, especialmente en lo relativo a la protección del patrimonio público y el debido proceso administrativo. Sin embargo, al analizar el fondo del asunto, la Corte concluyó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado no incurrió en un defecto sustantivo al interpretar el artículo 564 del Estatuto Tributario. Por lo tanto, revocó los fallos de instancia y negó el amparo solicitado por la DIAN.
 

Acoger la recomendación del Subcomité de Seguimiento Financiero, Contable y de Inventarios y la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto de Desarrollo Urbano- IDU.
 

Adopta la tasa de interés moratorio aplicable a las obligaciones administradas por la DIAN y con el fin de evitar la agravación de la crisis derivada del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, se hace necesario adoptar la reducción temporal de dicha tasa, fijándola en cuatro punto cinco por ciento (4.5%) anual, limitada al ámbito territorial de la Emergencia Económica, Social y Ecológica y a las obligaciones vencidas con anterioridad al sismo, para generar un recaudo extraordinario que permita solventar las necesidades de los sujetos y territorios afectados con el evento sísmico que generó la emergencia.
 

fijar la tarifa, plazo y condiciones correspondientes a la contribución a favor de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia 2026