Determina que, las entidades descentralizadas deberán coordinar las decisiones de contratación y gasto con las respectivas Secretarías cabeza de sector, con el fin de evaluar las necesidades prioritarias para evitar poner en riesgo la prestación de los servicios a la ciudadanía, y aquellas que deben adecuarse a las directrices del nuevo Plan.
 

Dicta medidas de austeridad y eficiencia del gasto público para las entidades distritales, regulando aspectos como modificación de plantas de personal, contratación de servicios, horas extras, viáticos, esquemas de seguridad, publicidad y uso de vehículos oficiales. (Arts. 332 al 361)