Evidencia la Corte que no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la sentencia T-762 del 2015, donde se ordenó al Gobierno Nacional que se implementara un plan integral de programas y actividades de resocialización (PIPAR), con el cual se salvaguarda el correcto derecho a la resocialización de las personas privadas de la libertad, pero que hasta la fecha no se ha expedido ni publicado, en consecuencia, la Sala Plena ordena que éste sea remitido en un término de 6 meses a la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Penitenciario, Carcelario y su extensión a los Centros de Detención Transitoria. La Sala Especial de Seguimiento tendrá la facultad de revisar que cada uno de los criterios ordenados sean incorporados cabalmente en el Plan integral de programas y actividades de resocialización (PIPAR).
 

Crea con carácter de permanencia, la política pública de cárceles productivas (PCP) en favor de la población privada de la libertad, la cual propiciará, incentivará y promoverá la participación del sector público y privado en los procesos de resocialización, rehabilitación y reinserción social de dicha población, así como establecer algunos beneficios de orden tributario y administrativo para aquellas entidades, empresas y organizaciones que se vinculen y participen en el programa.