La Corte Constitucional indica que, la Comisaría de Familia y el ICBF son responsables de haber llevado a cabo acciones que desvirtúan el debido proceso, afectando directamente los derechos fundamentales de los accionantes. La madre sostiene que las decisiones tomadas sobre la custodia y la situación familiar se basaron en un proceso administrativo deficiente que no consideró adecuadamente su perspectiva y la del menor. Este contexto de irregularidades en el manejo administrativo sugiere una desviación de los principios que deben regir en la protección de la familia, destacando la importancia de que las instituciones actúen con rigor y dentro de un marco de derechos. La acción de tutela se vuelve un recurso esencial para resarcir las injusticias cometidas y restablecer el equilibrio en la dinámica familiar, que se vio perturbada sin el debido respeto a las garantías procedimentales