La Corte Constitucional determina que se evidencia que las entidades territoriales y nacionales, específicamente la Alcaldía de Uribia, el Departamento de la Guajira y otros órganos, no cumplieron con los lineamientos jurídicos para la adecuada distribución, administración y ejecución de los recursos provenientes de la participación en los ingresos corrientes de la Nación destinados a la comunidad Wayuu. Esto implicó que los recursos dejados de invertirse en beneficio del resguardo afectaron la efectiva protección y satisfacción de derechos constitucionales, generando un incumplimiento en la obligación que tienen estas entidades de garantizar recursos adecuados para el desarrollo social y económico de las comunidades indígenas.