La Corte Constitucional ordenó a la Nación, al Departamento de la Guajira y a la Alcaldía de Uribia que, en un plazo no superior a tres meses, fijen y hagan efectiva la inversión de los recursos correspondientes a las participaciones en los ingresos de la Nación a favor del Resguardo Wayuu Araurayuu para los años 1999 a 2002, en beneficio directo de la comunidad. Además, ordenó que estos recursos sean aportados en partes iguales por los tres entes involucrados, y que se adopten medidas institucionales para garantizar que la gestión de dichos recursos respete los derechos constitucionales vulnerados, reforzando la protección de la autonomía y la participación indígena en procesos administrativos y de inversión pública.