La Corte Constitucional establece que las entidades encargadas de la supervisión, control, seguimiento y evaluación como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría no cumplieron cabalmente con su deber de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones que tenían en relación con la correcta inversión y administración de los recursos. La falta de actuaciones efectivas por parte de estas instituciones contribuyó a la vulneración de derechos porque no ejercieron un control real y efectivo, por lo cual la Corte determina que la responsabilidad también recae sobre estos órganos en el marco de la protección a los derechos colectivos y constitucionales de la comunidad Wayuu.