La Corte Constitucional, resalta el deber del Estado, derivado de instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará, de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Subraya que el deber de debida diligencia emana de instrumentos internacionales y las recomendaciones del Comité de la CEDAW. Esto significa que el Estado, a través de sus autoridades judiciales, no puede ser negligente o pasivo. Debe: 1. Prevenir: Adoptar políticas y medidas para evitar la violencia de género, lo que incluye transformar la cultura institucional y social, y garantizar la reparación como una medida preventiva. 2. Investigar y sancionar: Llevar a cabo investigaciones exhaustivas para establecer la verdad de lo ocurrido y determinar los responsables. 3. Reparar: Ofrecer una reparación integral a las víctimas, lo cual no se limita a una compensación económica, sino que incluye una declaración judicial que reconozca la responsabilidad y las circunstancias de la vulneración..
 

La Corte aplicó una perspectiva de género para entender cómo las normas históricas discriminaron a las mujeres viudas (como Rubiela), reproduciendo estereotipos patriarcales y afectando su autonomía económica. Se consideró que la negación de la pensión, en un contexto de edad avanzada, enfermedad y precariedad económica (sin ingresos propios ni residencia asegurada), perpetúa una discriminación estructural y exige una protección reforzada.
 

Derechos a la estabilidad laboral reforzada y al debido proceso en el trámite de queja por acoso en el trabajo. La actora formuló una queja por acoso ante el Comité de Convivencia Laboral de la entidad empleadora y ésta la archivó tras sostener que no existían los elementos de juicio suficientes que demostraran las conductas objeto de reproche. Se cuestionó la anterior decisión, al igual que la terminación unilateral del contrato de trabajo, por lo cual se solicitó que se impartiera la orden de reintegro. Se analizaron los siguientes temas: 1. Acoso laboral 2. Derecho al debido proceso en el trámite de una queja por acoso laboral y 3. El enfoque de género. La Sala concluyó que la accionada vulneró el derecho al debido proceso porque, además de que no valoró de forma adecuada los hechos y las pruebas que conoció, archivó la queja sin tener competencia para hacerlo, toda vez que estaba pendiente la reunión de conciliación que dos resoluciones exigían en este tipo de procedimientos. Se amparó el derecho al debido proceso y se ordenó a la accionada continuar con el trámite de la queja referida, así como llevar a cabo la reunión de conciliación que corresponde.
 

Cambio de nombre por segunda vez, por razones de identidad de género. Exigirle al ciudadano acudir al trámite judicial para modificar el nombre, cuando se trate de razones de identidad de género, resulta desproporcionado y constituye un desconocimiento de la dignidad humana, y de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la personalidad jurídica. Se estudió la acción de tutela contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque el accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad sexual, los cuales consideró vulnerados por la entidad demandada, al no admitir el cambio de nombre por él realizado en una notaría, pues, a juicio de la Registraduría, el tutelante no contaba con la escritura pública necesaria para efectuar la modificación pretendida. Se analizaron los siguiente temas: (i) El derecho al nombre e identidad de género ante instancias judiciales, (ii) El derecho al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de género y el derecho a la personalidad jurídica; (iii) El régimen actual sobre cambio de nombre, de acuerdo con la sentencia C-114 de 2017. Se ordenó a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla incluir en los cursos de formación dirigidos a los aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial como jueces de la República, una capacitación sobre la correspondencia entre el nombre y la identidad de género, para que, las decisiones judiciales tengan en cuenta la sentencia C-114 de 2017; así como de difundir copia anonimizada de ésta providencia entre todos los jueces de la República. Se exhortó al Consejo Superior de la Judicatura para que haga un llamado de atención a los funcionarios judiciales, con el objeto de que cumplan con la jurisprudencia constitucional, en lo relacionado con la garantía de los derechos a la identidad de género, la personalidad jurídica y la correspondencia entre el nombre y la identidad personal.
 

La Corte enfatiza que la aplicación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales no es una facultad, sino una obligación (un imperativo constitucional). Esto es crucial para la protección de los derechos de las mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia. La inobservancia de esta perspectiva puede llevar a la violencia institucional al perpetuar escenarios de desigualdad y discriminación.
 

La Sentencia destaca que la omisión de de Género e Interseccionalidad por parte de la UIA; para lo cual señala: 1. Obligación Constitucional y Legal: El enfoque de género se deriva del mandato de igualdad sustantiva (artículo 13 C.P.) y de los instrumentos internacionales (como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW). La JEP, y por lo tanto la UIA, están obligadas a regirse por el enfoque de género y diferencial en sus actuaciones. 2. Análisis Interseccional: Exige ir más allá del género, reconociendo la concurrencia de múltiples factores de discriminación (económicos, sociales, culturales) que generan una vulnerabilidad acentuada. En el caso, esto incluye ser madre cabeza de familia, su condición económica precaria y sus múltiples victimizaciones (reclutamiento forzado, violencia sexual, violencia intrafamiliar, desplazamiento).
 

La Corte reafirma que el enfoque de género no es opcional, sino una herramienta analítica obligatoria para superar sesgos patriarcales y razonamientos judiciales "aparentemente neutrales". Enfatiza en: 1. Protección contra la Discriminación: Su aplicación busca reconocer las asimetrías históricas de poder y evitar la "violencia institucional" que se genera cuando los jueces fallan basados en prejuicios. 2. Eliminación de Estereotipos: Se prohíbe el uso de estereotipos como la "resistencia heroica", donde se pretende universalizar criterios machistas sobre cómo "debería" reaccionar una víctima de agresión sexual.
 

La Corte Constitucional en su análisis, busca romper con el imaginario histórico de la mujer como mero "agente de reproducción" o con un destino maternal obligatorio. Califica como violencia de género la negativa injustificada de las EPS a facilitar servicios médicos que permitan materializar las decisiones reproductivas de las mujeres. Rechaza que el personal médico suplante la voluntad de la mujer mediante juicios de valor o criterios de "perfectibilidad" sobre su capacidad para ser madre.
 

La Corte introduce un exhorto por la invisibilización de la situación de Nelsy María García Navarro: Señala que la Fiscalía ignoró un contexto de violencia de género, reproductiva y sexual, donde una mujer con discapacidad mental era aparentemente instrumentalizada para parir hijos y venderlos. Ordena investigar estas conductas bajo una perspectiva de género, denunciando la falta de debida diligencia de las autoridades para proteger la integridad de la madre.