El Consejo de Estado, señala que el Estado Colombiano no ha infringido su deber de prevención. Considera que la obligación del Estado en este tema es de medio, no de resultado. Esto significa que el Estado debe hacer todo lo razonablemente posible para evitar el daño, pero no se le puede responsabilizar por cada accidente que ocurra. El fallo destaca que Colombia ha cumplido sus obligaciones internacionales al implementar un marco legal, un plan estratégico de desminado humanitario y un sistema de atención a víctimas.
 

Adopta medidas excepcionales para conjurar la crisis en relación con los casos de desintegración del núcleo familiar, por tal razón, prescinde del requisito de apostilla o legalización de los documentos públicos expedidos en el extranjero presentados para la obtención de Permisos Especiales de Ingreso y Permanencia y para las solicitudes de la nacionalidad colombiana por adopción.