La decisión judicial de la Corte Constitucional, reafirma que las empresas en proceso de liquidación obligatoria tienen la responsabilidad primordial de asegurar el pago de las pensiones y los aportes de seguridad social de sus jubilados. La Corte enfatiza que las obligaciones laborales y pensionales tienen prevalencia sobre otros créditos, y que la situación de iliquidez de la empresa no es una excusa válida para el incumplimiento de estos pagos, que son considerados gastos de administración.