La Corte establece que los códigos de ética profesional deben referirse únicamente a conductas relacionadas con el ejercicio de la respectiva profesión y no pueden inmiscuirse en la vida privada o en el comportamiento personal de los individuos que no afecte directamente su desempeño profesional. Por lo tanto, se declara inconstitucional cualquier norma que sancione comportamientos "públicos y privados" o "contra la moral" que no estén vinculados al quehacer profesional, como lo hacían los literales e) y g) del artículo 1 y el artículo 34 de la Ley 35 de 1989.