El Consejo de Estado señala que la procedencia del enriquecimiento sin justa causa es absolutamente excepcional, requiriendo la plena prueba de la actividad desarrollada y la demostración de una circunstancia extraordinaria (sustentada en razones de interés general) que haya impedido acudir a los mecanismos contractuales ordinarios (incluyendo la urgencia manifiesta). Así mismo, reitera que el objeto del enriquecimiento sin justa causa es corregir un traslado patrimonial injustificado a través de la compensación, y no indemnizar plenamente un daño (el monto de la condena no puede exceder el enriquecimiento probado de la entidad). Esto implica que no se reconocen frutos civiles ni intereses moratorios.