Adopta medidas transitorias en materia de función administrativa, empleo público y gestión institucional para garantizar la continuidad de la administración pública y facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios del Estado en el marco de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica.
 

Crea temporalmente la modalidad especial del mecanismo de Obras por Impuestos para la Reconstrucción de los territorios afectados por la emergencia ocasionada por el sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026, con el fin de financiar y ejecutar proyectos destinados a atender, recuperar, rehabilitar, reconstruir, reforzar, mejorar o reponer infraestructura, bienes y servicios afectados, así como a restablecer servicios esenciales y contribuir a la recuperación económica y social de los territorios afectados mediante la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura y los bienes necesarios para su funcionamiento en los territorios afectados cobijados por el Decreto 1261 de 2026 y aquellos que lo modifiquen.
 

Adopta medidas transitorias relacionadas con los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 1261 de 2026, modificado por el Decreto 1348 de 2026.
 

Exime, temporalmente, el cobro de cuotas moderadoras y copagos a los afiliados damnificados por el sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026, con el fin de evitar barreras económicas de acceso a los servicios de salud derivadas de la pérdida de capacidad de pago ocasionada por la interrupción de la actividad productiva, cuando dicha pérdida aún no se refleje en la información utilizada para determinar esos cobros. El beneficio comprende la totalidad de los servicios y tecnologías en salud que requiera dicha población, con independencia del lugar del territorio nacional donde se presten.
 

Adopta medidas extraordinarias, temporales y territorialmente focalizadas para proteger el empleo y los ingresos de las personas trabajadoras damnificadas por la grave calamidad pública ocurrida en parte del territorio nacional ocasionada por el terremoto del 10 de agosto de 2026.
 

Establece un régimen especial de contratación pública de carácter transitorio para responder a los daños causados por el terremoto del 10 de agosto de 2026 en los municipios delimitados territorialmente.
 

Adopta medidas legislativas excepcionales y transitorias en materia de vivienda, hábitat y ordenamiento territorial en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, con el fin de conjurar la crisis y evitar la extensión de los efectos del terremoto del 10 de agosto de 2026.
 

Adopta medidas extraordinarias del sector Transporte en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional a causa del terremoto del pasado 10 de agosto, para el restablecimiento de la infraestructura, la operación, la prestación de los servicios públicos esenciales de transporte, la logística, la movilidad de personas y bienes, el abastecimiento y la capacidad institucional de las autoridades y actores del sector transporte.
 

Declara de utilidad pública e interés social las labores de limpieza, remoción y disposición de escombros, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y de construcción generados como consecuencia de los daños a la infraestructura, edificaciones y demás bienes ubicados en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026.
 

Adopta medidas transitorias con ocasión de la situación de Desastre de Carácter Nacional y Emergencia Económica, Social y Ecológica por el terremoto del 10 de agosto de 2026, respecto de la ampliación de los plazos establecidos para la autoevaluación de las condiciones de habilitación de servicios de salud y para adelantar el plan de visitas de verificación a los prestadores de servicios de salud.
 

La Corte recalca que ejerció el control automático del Decreto Legislativo 242 de 2026, dictado en desarrollo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (Decreto 150 de 2026). La Corte declaró la INEXEQUIBILIDAD POR CONSECUENCIA del artículo 4 (esquemas de liquidación para plantas hidroeléctricas), al constatar que pretendió atender problemas de escasez hídrica y de riesgo sistémico del sector eléctrico nacional que formaban parte de las materias estructurales declaradas previamente inexequibles en la Sentencia C-191 de 2026.