Modificar temporalmente los incentivos económicos que enfrentan los inversionistas para que una parte de las decisiones de inversión nueva y adicional se dirija hacia territorios en los que la calamidad ha deteriorado las condiciones ordinarias de producción, empleo e infraestructura.
 

Establece un régimen especial de contratación pública de carácter transitorio para responder a los daños causados por el terremoto del 10 de agosto de 2026 en los municipios delimitados territorialmente.
 

Declara de utilidad pública e interés social las labores de limpieza, remoción y disposición de escombros, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y de construcción generados como consecuencia de los daños a la infraestructura, edificaciones y demás bienes ubicados en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026.
 

Adiciona el Capítulo 5 al Decreto 1077 de 2015 para reglamentar el subsidio excepcional (Ley 1506 de 2012) y adoptar medidas en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo durante situaciones de desastre declaradas por el Gobierno Nacional; la Población Beneficiaria serán los usuarios residenciales de estratos subsidiables (1, 2 y 3) registrados en el Registro Único de Damnificados (RUD). El Subsidio, será financiado con recursos de la Nación, y cubre el cargo fijo y el consumo básico o de subsistencia (acueducto/alcantarillado) o los componentes subsidiables (aseo), sumado al subsidio ordinario sin superar el 100% del valor facturado, se otorga hasta por 6 facturas mensuales o 3 bimestrales consecutivas y se permite la continuidad del beneficio en caso de reubicación del usuario hacia la cuenta contrato de destino.
 

Adopta medidas transitorias con ocasión de la situación de Desastre de Carácter Nacional y Emergencia Económica, Social y Ecológica por el terremoto del 10 de agosto de 2026, respecto de la ampliación de los plazos establecidos para la autoevaluación de las condiciones de habilitación de servicios de salud y para adelantar el plan de visitas de verificación a los prestadores de servicios de salud.
 

La Corte recalca que ejerció el control automático del Decreto Legislativo 242 de 2026, dictado en desarrollo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (Decreto 150 de 2026). La Corte declaró la INEXEQUIBILIDAD POR CONSECUENCIA del artículo 4 (esquemas de liquidación para plantas hidroeléctricas), al constatar que pretendió atender problemas de escasez hídrica y de riesgo sistémico del sector eléctrico nacional que formaban parte de las materias estructurales declaradas previamente inexequibles en la Sentencia C-191 de 2026. Asimismo, declaró la INEXEQUIBILIDAD de las medidas sobre el servicio de gas combustible: del artículo 1 (no facturación por consumos posteriores), por incumplir el juicio de necesidad jurídica al existir un mecanismo ordinario idéntico en la Ley 1506 de 2012; del artículo 2 (diferimiento y facilidades de pago por consumos anteriores), por omitir el juicio de motivación suficiente al no justificar la insuficiencia del régimen ordinario ni valorar su impacto en la sostenibilidad de las empresas prestadoras; y del artículo 3 (ampliación de la oferta de gas importado), por carecer de conexidad, finalidad y motivación al abordar problemáticas estructurales y de mercado preexistentes a la emergencia.