Dicta normas para el ejercicio de la profesión de desarrollo familiar que tiene como objeto formar un recurso humano con capacidad y habilidad para comprender la realidad familiar y trabajar en las problemáticas de las familias colombianas, contribuir a la formulación de políticas públicas y diseñar alternativas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de las familias y la de cada uno de sus miembros, se expide el código deontológico y ético, se le otorgan facultades al colegio nacional de profesionales en desarrollo familiar, se deroga la Ley 429 de 1998
 

la Corte destaca, con base en estudios, que las empresas familiares constituyen un sector económico importante en Colombia, contribuyendo significativamente al PIB y al empleo. Por lo tanto, no se justifica que la promoción de este tipo de industria se realice a costa de los derechos laborales fundamentales de sus trabajadores. Hace referencia a diversos estudios que demuestran que el concepto de "industria familiar" va más allá del estereotipo de una empresa pequeña. Cita datos que indican que: 1. La empresa familiar constituye el 60% del total de las empresas del mundo; 2.En Colombia, según estudios de la Superintendencia de Sociedades, cerca del 70% de las empresas son familiares; 3. Estas empresas generan aproximadamente el 80% del empleo privado y el 65% del PIB (Producto Interno Bruto) en el país. La Corte, al citar intervenciones como la de la Universidad Libre y el Ministerio del Trabajo, destaca que este tipo de empresas son un sector importante de la economía nacional y regional, y que ayudan a dinamizar la economía y son gestoras de trabajo.