Actualiza aspectos del marco jurídico de los Fondos de Empleados, como empresas de economía solidaria, y promueve su fortalecimiento, autonomía y estímulo por parte del Estado, lo cual no afecta o incluye a aquellas cooperativas de empleados que deseen mantener su marco jurídico en el cooperativismo siempre y cuando cumplan los requisitos de ley y las normas especiales.