Recuerda el deber del Gobierno nacional y del Estado garantizar el goce efectivo de los derechos de las comunidades étnicas y la implementación de la Consulta Previa como mecanismo para su protección y pervivencia, por lo que se hace necesario establecer disposiciones que permitan una mejor coordinación interinstitucional para la garantía de este derecho, bajo los principios de eficacia, economía y celeridad administrativas, mediante el acoplamiento de las autoridades encargadas de llevar a cabo el proceso de consulta previa con las comunidades étnicas.
 

Imparte directrices sobre la Guía para la realización de la Consulta Previa del Ministerio del Interior en cada proyecto, obra o actividad respecto de los cuales es necesario determinar si para su ejecución procede la realización de la misma.