La sentencia unifica el criterio para definir "reemplazo", concluyendo que este término se refiere a un cambio pleno y absoluto en la titularidad del cargo de gobernador, y no a un simple encargo de funciones. Específicamente: 1. Se aplica a los gobernadores elegidos popularmente (en elecciones típicas o atípicas). 2. Se aplica a quienes son designados en su reemplazo por el Presidente de la República en casos de falta absoluta del titular, según lo establecido en el artículo 303 de la Constitución Política. 3. Se enfatiza que este reemplazo implica la existencia de un "período" determinado y la toma de posesión del cargo por parte del reemplazante, excluyendo situaciones de simple encargo de funciones.