La sentencia subraya la afectación desproporcionada de la crisis carcelaria en grupos vulnerables , a los que se debe garantizar una protección especial (a pesar de las barreras que enfrentan). Entre ellos se mencionan: Mujeres Privadas de la Libertad; Niños y Niñas que viven en la prisión con sus madres; Extranjeros Privados de la Liberta; Población LGBTI (personas con orientaciones sexuales diversas); e Indígenas y Afrodescendientes.