En relación con la situación de pobreza extrema y desigualdad social en la que viven los habitantes de la calle en Colombia, la Corte ha entendido que esos fenómenos atentan contra la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, por lo cual, sus causas estructurales [deben ser] combatidas mediante políticas legislativas y macro - económicas. Sus efectos, en cambio, exigen de una intervención estatal directa e inmediata, cuyo fundamento no es otro que la naturaleza social del Estado y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Así entonces, se reconoce que los habitantes de la calle son miembros de nuestra comunidad que resultan desfavorecidos en la repartición de los recursos económicos y marginados de la participación política, lo que a su vez les genera, condiciones de vida que atentan muchas veces contra la dignidad de la persona. Ese reconocimiento conlleva a que el Estado y la sociedad materialicen el valor de la solidaridad para que, en la medida de lo posible, modifiquen esta realidad descrita.