La Corte Constitucional revisó críticamente la implicación de utilizar inteligencia artificial en la emisión de decisiones judiciales, centrándose en el derecho fundamental al debido proceso. Se argumentó que el uso de IA como ChatGPT 3.5 en la elaboración de sentencias plantea interrogantes sobre la autoría y las motivaciones detrás de las decisiones judiciales. La Corte enfatizó que cualquier decisión tomada en el contexto judicial debe cumplir estrictamente con los principios de transparencia y motivación, ya que la legitimidad de un fallo radica no solo en su legalidad, sino en la manera en que se alcanzó. Este aspecto resalta la necesidad de salvaguardar los derechos de las partes involucradas, ya que la automatización de la toma de decisiones corre el riesgo de deteriorar la confianza en el sistema judicial si no se controla adecuadamente.