La Corte Constitucional determinó que, el análisis del funcionamiento de la inteligencia artificial en el contexto judicial es crítico dado el potencial de errores y sesgos inherentes a estos sistemas. La Corte exploró cómo estas herramientas pueden analizar grandes volúmenes de datos y ofrecer patrones o sugerencias, pero también levantó preocupaciones sobre su fiabilidad. La IA puede carecer de la comprensión contextual necesaria para aplicar la ley y, por lo tanto, correr el riesgo de emitir decisiones que no contemplen las particularidades de cada caso. Esto apuntó a la necesidad de que los jueces no solo utilicen estas herramientas como apoyo, sino también que mantengan un criterio crítico y profesional en su integración dentro del proceso judicial, asegurando que la fundamentación de las decisiones siga siendo humana y contextualizada.