La Corte Constitucional hizo un llamado a los operadores judiciales a adoptar un uso ético y consciente de herramientas de IA, destacando que estos sistemas deben ser utilizados de manera fundamentalmente responsable. Se recomendó que los jueces y magistrados promuevan la transparencia en su uso, proporcionando información clara sobre cómo y por qué se integran estas tecnologías en sus decisiones. Además, se enfatizó la necesidad de una regulación que permita un uso controlado y supervisado de la IA, con medidas de mitigación de riesgos que garantizan los derechos de los ciudadanos. Esta proactividad permitiría mejorar la eficiencia del sistema judicial, siempre que se conserve el respeto a los principios básicos de justicia y se garantice la supervisión humana constante.