Desarrolla el artículo 334 de la Constitución Política, el incidente de impacto fiscal procederá respecto de todas las sentencias o los autos que se profieran con posterioridad a la misma, por las máximas corporaciones judiciales, cuando se altere la sostenibilidad fiscal, con independencia de la postura que haya adoptado dentro del proceso cualquier entidad u organismo de naturaleza pública, aun cuando no haya participado dentro del mismo. De otra parte, señala que conocerá de dicho incidente la Sala Plena de la Corte Constitucional, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado o la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de la que haga parte el magistrado de la alta corporación que presentó la ponencia de la sentencia o de los autos que se profieran con posterioridad a la misma, sobre el cual se solicita el incidente.
 

La regulación sobre el incidente de impacto fiscal le corresponde al Congreso de la República, en ejercicio de su amplia potestad de configuración normativa. No obstante, como consecuencia de las pautas previstas en la Constitución, a dicha corporación le corresponde establecer un procedimiento judicial sui generis, que no puede ser subsumido por otro trámite judicial preexistente, lo que conduce a la posibilidad de que se prevean reglas particulares, específicas y concretas que determinen el alcance de sus diferentes etapas procesales, esta regla obviamente se soporta en el principio de libertad de configuración normativa en materia procesal, cuyo origen subyace en los artículos 29 y 150. Finalmente la Corte declara exequibles, por el cargo analizado, las expresiones "la Sala Plena de la Corte Constitucional", previstas en los artículos 3, 5 y 12 de la Ley 1695 de 2013, en entendido de que, por existir reserva de ley estatutaria, las mismas no se aplican en relación con las providencias proferidas en el marco de la acción de tutela.
 

La Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 2293 de 2023, que aprobaba el "Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea". La decisión se fundamentó en el incumplimiento de un requisito formal: el análisis de impacto fiscal exigido por el artículo 7 de la Ley Orgánica 819 de 2003. A pesar de que el Gobierno nacional incluyó un acápite sobre el impacto fiscal en la exposición de motivos, la Corte determinó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no cumplió con sus obligaciones específicas, como rendir concepto sobre la consistencia del análisis con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, analizar y aprobar las fuentes sustitutivas de ingreso, o intervenir en el trámite legislativo para informar sobre el costo fiscal. La Corte reiteró que, dado que el Protocolo extiende beneficios tributarios a Croacia (lo que implica una reducción de ingresos para el Estado), era indispensable un análisis de impacto fiscal. Al tratarse de un proyecto de ley de iniciativa gubernamental radicado después de la Sentencia C-170 de 2021, el Ministerio de Hacienda tenía el deber de presentar un concepto sobre la compatibilidad del acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y las fuentes sustitutivas de ingreso. La omisión de estos deberes constituyó un vicio insubsanable en el proceso legislativo, lo que llevó a la declaratoria de inexequibilidad de la ley. Sin embargo, la Corte aclaró que el Gobierno podrá presentar un nuevo proyecto de ley para aprobar el mismo Protocolo, siempre y cuando se cumplan rigurosamente todos los requisitos de procedimiento, en particular los relacionados con el análisis del impacto fiscal.