Establece que todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor autorizado por esta. La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validada y entregada al adquirente. Igualmente, que será proveedor tecnológico, la persona jurídica habilitada para generar, entregar y/o transmitir la factura electrónica que cumpla con las condiciones y requisitos que señale el Gobierno nacional.
 

Señala los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta y establece el calendario para su implementación.
 

Señala los sistemas de facturación que podrán utilizar los sujetos obligados a expedir factura electrónica sin validación previa facilitando la transición entre la factura sin validación previa y la adopción de la factura electrónica de venta con validación previa.
 

Modifica la fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta establecida en los calendarios de implementación establecidos en los numerales 1 y 2 del artículo 3° de la Resolución 000020 del 26 de marzo de 2019.
 

Establece diferentes escenarios como consecuencia de la situación jurídica creada por la inexequibilidad de la ley 1943 de 2019, concluyendo por consiguiente que la factura electrónica de venta con validación previa sigue siendo soporte de las ventas y/o prestación de servicios, así como de costos, deducciones e impuestos descontables.
 

Regula unos artículos del Estatuto Tributario, relacionados con la facturación electrónica, las definiciones relacionadas y el régimen aplicable.
 

Declara exequible la expresión [p]ara que la factura del impuesto sobre la renta pierda fuerza ejecutoria, y en consecuencia no proceda recurso alguno, la declaración del contribuyente debe incluir, como mínimo, los valores reportados en el sistema de facturación electrónica, en el entendido de que, en todo caso, la factura del impuesto sobre la renta emitida por la DIAN pierde fuerza ejecutoria y, por tanto, no podrá ser utilizada como título ejecutivo para efectos del cobro coactivo, siempre que el contribuyente presente oportunamente su declaración privada con base en los valores que representen su realidad económica, incluyendo sus propios reportes al sistema de facturación electrónica, cuando estuviere obligado a ello.