Establece acciones afirmativas como pena sustitutiva de prisión para las mujeres cabeza de familia, condenadas por lo delitos expuestos en la norma, por otros delitos cuya pena impuesta sea igual o inferior a ocho (8) años de prisión y con el cumplimiento de otros criterios legales. Para la prestación de servicios de utilidad pública como pena sustitutiva se fija que "El Ministerio de Justicia realizará convenios con las entidades públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales, y elaborará un listado de entidades y oportunidades de servicios de utilidad pública habilitados para la ejecución de esta pena sustitutiva, este listado lo remitirá trimestralmente al INPEC y al Consejo Superior de la Judicatura, o a quien haga sus veces, y por intermedio de los Consejos Seccionales de la Judicatura, a los juzgados de conocimiento y de ejecución de penas y de medidas de seguridad".
 

La Corte ordena al Inpec y a la USPEC elaborar una ruta de atención especial para las personas trans, privadas de la libertad, que solicitan la práctica de tratamientos médicos de afirmación de género. El protocolo deberá ser vinculante para todos los establecimientos carcelarios y penitenciarios que administra el INPEC. Se determinó que, para la elaboración del protocolo, las entidades deberán garantizar la participación de la población trans privada de la libertad, y podrán acudir al apoyo de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos de las personas transgénero.También podrán solicitar el acompañamiento y asesoramiento del Ministerio de Salud y de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Asimismo, las entidades deberán incluir un cronograma para la socialización y capacitación en el protocolo y la atención diferencial en salud para las personas trans para todas la IPS contratadas para la prestación del servicio de salud, tanto intramural como extramural, a la población privada de la libertad. En el protocolo deberán fijarse lineamientos específicos, concretos y claros para que el personal médico pueda atender en forma adecuada, oportuna e integral las necesidades en salud de las personas transgénero que se encuentran privadas de la libertad.
 

Reglamenta las condiciones especiales, remuneración y parámetros de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) para el trabajo de personas privadas de la libertad (PPL), la labor no constituye relación ni vínculo contractual laboral y está prohibido el trabajo gratuito y los contratantes o entidades deben cubrir exámenes médicos ocupacionales, proveer elementos de protección personal (EPP), dotación, e incluir a la PPL en su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), así mismo, promueve la accesibilidad para personas con discapacidad y aplica enfoque diferencial e interseccional. Deroga la Resolución 684 de 2024.