Fija los criterios para la selección de abogados externos que ejerzan representación judicial en nombre del Instituto Para la Economía Social - IPES, estableciendo requisitos de formación académica, experiencia profesional, parámetros para determinar honorarios según complejidad y cuantía de los procesos, así como condiciones especiales para personas jurídicas, todo ello para garantizar la idoneidad en la defensa de los intereses públicos y prevenir conflictos de interés conforme a las directrices del Comité de Conciliación.