La Corte Constitucional profundiza en el concepto de inmunidad restringida, reiterando que los privilegios e inmunidades concedidos a organizaciones internacionales y a sus funcionarios no pueden ser absolutos. La Corte establece que estas prerrogativas tienen una finalidad clara: garantizar la autonomía y la independencia del organismo para que pueda cumplir sus funciones sin interferencia indebida del Estado anfitrión. Sin embargo, estos privilegios no pueden convertirse en una fuente de impunidad. La Corte subraya que la inmunidad de jurisdicción solo aplica a los actos oficiales (actos de poder soberano), no a las acciones privadas, los delitos o las infracciones de tránsito. Además, en el ámbito laboral, los conflictos con ciudadanos colombianos o residentes permanentes deben resolverse bajo la ley colombiana. La sentencia también aclara que el Estado colombiano sigue siendo responsable de indemnizar los daños causados por el GGGI si se dan los requisitos para ello.